La increíble historia de los ex empleados del Frigorífico del Cerro

La justicia tarda pero no llega

Llevan mas de dos décadas esperando cobrar lo que les pertenece. Muchos se han muerto sin ver el dinero.

Andrea Tutté
Alfredo Medina tenía 12 años y un poco de miedo aquel 5 de marzo de 1943, su primer día de trabajo en el Frigorífico Artigas del Cerro. "Asustado, como cualquier gurí", cambió la moña de escolar por la "chapa" que durante los 26 años siguientes lo identificaría como el empleado 5627.
Muchas cosas cambiaron desde entonces. Pero su vida sigue ligada a un frigorífico que hace tiempo dejó de existir. Y la de muchos de sus compañeros también.
Unas 1.200 personas, entre ex trabajadores del frigorífico y descendientes de otros ya fallecidos, llevan adelante una larga batalla judicial iniciada hace 22 años, a través de la cual intentan cobrar un dinero que —aseguran— les corresponde legítimamente.
"No reclamamos como empleados, sino como accionistas que fuimos del frigorífico", explicó Medina, que cree que el litigio debería ingresar al Libro Guinness por lo extenso.
Sus acciones corresponden a Establecimientos Frigoríficos del Cerro, una sociedad anónima creada en 1958 con los locales y maquinarias de los frigoríficos Swift y Artigas, cuando sus dueños extranjeros se retiraron del país. Supuestamente, los trabajadores pasarían a convertirse en accionistas y participarían en la gestión de la nueva empresa. Los hechos posteriores mostraron que no sería tan así.
Tras una historia de más de 30 años signada por conflictos, despidos masivos y una intervención estatal, el Frigorífico del Cerro cerró en 1992, sin haber nunca repartido dividendos entre sus accionistas.
Esto no es raro en Uruguay, donde las sociedades anónimas tradicionalmente han servido más para esconder la propiedad de bienes que para recompensar inversores. Pero en este caso sí hay dinero para repartir: cerca de 740.000 dólares, fruto de la venta de parte del predio de la planta Artigas a la Intendencia de Montevideo, embargados a pedido de los demandantes.
El 15 de octubre, la comisión liquidadora del frigorífico presentó ante la justicia un proyecto de distribución del dinero que fija en 5,11 dólares el valor de cada acción.
Este proyecto no se basa sólo en el reparto de 1958, sino también en una asamblea de 1988 en la que se distribuyeron miles de acciones adicionales entre los 150 trabajadores que quedaban entonces en el frigorífico. De modo que, mientras los trabajadores originales tienen en promedio tres o cuatro acciones cada uno, hay otros que en 1988 pasaron a tener hasta 2.500.
Esto significa que, de acuerdo a la propuesta de distribución presentada, el dinero se repartirá de la siguiente manera: 600.000 dólares entre 150 personas, y 140.000 dólares entre las más de mil restantes.
Indignados, los demandantes planean impugnar la asamblea de 1988 y la distribución propuesta. Todo indica que todavía no se ha escrito el último capítulo de una historia que ya tiene casi medio siglo, y que muchos de sus protagonistas murieron antes de ver concluida
Despidos masivos
Llegando al Cerro, desde el puente sobre el Pantanoso, aún se puede ver un galpón con las, ya muy descoloridas, siglas del Establecimiento Frigorífico del Cerro Sociedad Anónima.
Las enormes instalaciones del frigorífico, que tenía hasta una imprenta para hacer su propia papelería, fueron testigos de la época más próspera del Cerro. Una época que pareció quedar atrás definitivamente el 20 de octubre de 1957, cuando los frigoríficos Swift y Artigas cerraron sin pagar licencias ni despidos.
Para evitar que miles de trabajadores quedaran en la calle, el gobierno de Luis Batlle Berres promovió la creación del Frigorífico del Cerro. Para eso se aprobó la ley 12.542, según la cual los 4.530 trabajadores de aquellos pasarían a convertirse en accionistas de la nueva sociedad anónima.
Las acciones emitidas tenían un valor de 100 pesos y completaban un capital de 15 millones de pesos. La ley establecía que debían ser repartidas entre los trabajadores hasta cubrir la suma que cada uno hubiera debido cobrar por concepto de licencias y despidos impagos por los frigoríficos Swift y Artigas.
"Sin embargo, el nuevo directorio sólo distribuyó las acciones correspondientes a las licencias", explicó Alberto Mariño, uno de los ex empleados de Swift. "No se repartieron las correspondientes a despidos, tal vez porque con ellas hubiéramos llegado, la gran mayoría de los trabajadores, a las cinco acciones que según los estatutos debían tener los accionistas para votar en las asambleas".
"Además —continuó— no es difícil pensar que las acciones que luego se repartieron en 1988 eran las que nos correspondían por concepto de despidos y nunca se nos entregaron".
En los diez años posteriores a su creación, el nuevo frigorífico trabajó sin cesar —llegó a ser el principal exportador de carne del país— y aumentó su patrimonio: adquirió los frigoríficos Durazno y Castro y la planta agrícola de Los Cerrillos. Y en 1968, justo cuando estaba previsto que comenzaran a pagarse dividendos, empezaron los problemas.
Ese año, las medidas prontas de seguridad prohibieron toda reunión pública, incluidas las asambleas de accionistas. En abril de 1969 hubo una prolongada huelga y en agosto, una asamblea de accionistas (realizada bajo "presiones de toda índole", según los demandantes) aprobó una propuesta del directorio para ceder al Estado el control de la sociedad, cuyo patrimonio estaba valuado en unos diez millones de dólares.
El gobierno de Jorge Pacheco Areco nombró entonces una comisión interventora que se mantuvo ya entrada la dictadura. En 1973, un decreto del gobierno militar destituyó a 50 trabajadores, y en 1979 fueron masivamente despedidos otros 1.800; al final de la historia de la planta quedaban apenas 150.
Hasta hoy Medina no se explica con qué criterio se eligieron los 1.800 despedidos. "Si éramos todos accionistas; ¿por qué a algunos los dejaron y a los demás los despidieron?".
Juicio conflictivo
En 1980, un año después de los despidos masivos, algunos de los ex trabajadores del Frigorífico del Cerro decidieron recurrir a la Justicia. Su representante legal era Adolfo Gelsi Bidart, más tarde decano de la Facultad de Derecho y coautor del Código General del Proceso. Gelsi acompañó sus reclamos hasta la muerte, en 1998, a los 80 años.
La primera demanda tenía como objetivo hacer que el frigorífico le comprara a sus ex trabajadores las acciones, como estaba previsto en la ley 12.542 para el caso de los accionistas que dejaran la empresa. "En 1983 tuvimos un dictamen favorable pero, tal como Gelsi nos había advertido, no pasó nada porque la sentencia debía pasar por el Estado Mayor Conjunto y quedó archivada", recordó Medina.
Tras la llegada de la democracia, en abril de 1985, el grupo de ex trabajadores del Frigorífico del Cerro fue el primero en comparecer ante una comisión parlamentaria para reclamar la reactivación de la empresa y la investigación de lo ocurrido durante la intervención.
En 1987, ya eran 750 los ex trabajadores que, reunidos, iniciaron un nuevo juicio ante la justicia civil. El directorio del frigorífico propuso pagarlas a su precio nominal, 100 pesos (que, por supuesto, ya no valían lo mismo). Los ex trabajadores querían que les fueran pagadas a un precio proporcional al patrimonio de la empresa.
En ese entonces, un contador designado por la justicia determinó que el patrimonio de EFCSA llegaba a 5,4 millones de dólares, por lo que cada acción hubiera valido unos 92.800 pesos.
El nuevo juicio estuvo signado por distintos pedidos de embargo trabados por los demandantes y levantados una y otra vez a pedido de los abogados del frigorífico, y de apelaciones que llegaron hasta la Suprema Corte.
Paralelamente, la empresa cerró y entró en proceso de liquidación en 1992, lo que supuso comenzar a vender sus propiedades para pagar sus cuantiosas deudas. Como parte de este proceso se vendió un sector del predio de la planta Artigas a la Intendencia de Montevideo. Descontadas las deudas con la DGI y el BPS que la Intendencia pagó como parte del trato, quedaron unos 740.000 dólares que fueron embargados en 1995 a pedido de los demandantes.
En 2001, el abogado Darwin Rodríguez, discípulo de Gelsi, decidió presentar un nuevo juicio. En esta ocasión, lo que se reclamó fue que la Comisión Liquidadora brindara una rendición de cuentas sobre el resultado de la liquidación, y propusiera un mecanismo para repartir entre todos los accionistas el dinero embargado.
"Esto no implica renunciar a ninguna reclamación futura con respecto a los bienes que hayan sido mal liquidados o que hayan desaparecido del patrimonio, sino que se refiere simplemente al reparto de ese dinero", afirmó González.
Lo justo y lo legal
Kilos y kilos de papeles que documentan la historia del Frigorífico del Cerro descansan hoy en uno de los grandes galpones que formaban parte de la planta Artigas. Bajo una espesa capa de polvo desprendido de las paredes de la añosa construcción se acumulan ordenadas pilas de planillas y ficheros de metal donde se guardan los legajos de quienes alguna vez trabajaron allí.
"Esto era algo impresionante", afirma Ernesto Vergara, uno de los tres miembros de la comisión liquidadora designada por los trabajadores aún en actividad cuando en 1992 cerró la planta. Los miembros de la comisión —Ander Marizcurrena, Adriana Araújo y Vergara— cobraron un sueldo mensual de 1.000 dólares desde junio de 1992 hasta agosto de 2000: desde entonces se trabaja honorariamente porque la tarea ya estaba casi concluida y "no se justificaba estar pagando tres sueldos".
Vergara, que entró a trabajar en el frigorífico a los 18 años, en 1968, afirmó que en un principio nadie esperaba que la liquidación arrojara un saldo positivo.
Finalmente, lo único que sobró fue el fruto de la venta de la Planta Artigas, embargado por los demandantes. Sin embargo, el liquidador asegura que el embargo no era necesario: "es más, fue perjudicial, porque ese dinero al ser embargado dejó de generar intereses".
Vergara también dice creer que la propuesta de reparto presentada por la comisión liquidadora que él mismo integra "es injusta, pero el problema es que a veces lo que es justo y lo que es legal van por caminos separados".
Sin embargo, los demandantes afirman que la propuesta de distribución del dinero entre los accionistas no sólo es injusta, sino también ilegal. Por eso, González planea solicitar la nulidad de la asamblea de reparto de acciones de 1988, "ya que la ley 12.542 dispone que los únicos titulares del reparto accionario pueden ser los obreros de los frigoríficos Artigas y Swift que figuren en las planillas al 1º de diciembre de 1957".
La asamblea de 1988, a juicio del abogado, "fue una maniobra con la que una minoría buscó preservar para sí el patrimonio de la empresa. Porque ¿cómo puede ser que aparezcan algunos de ellos con hasta 2.600 acciones, cuando la mayoría de los empleados originales de Swift y Artigas apenas tienen cuatro o cinco cada uno?".
Vergara, en cambio, insiste en que la asamblea de 1988 fue legal según los estatutos, y que las "acciones de reserva" repartidas entonces fueron pagadas por los empleados. Cada acción se pagó a su valor nominal, es decir, a 100 pesos, que en 1988 no servían para mucho.
"Por eso digo que la solución es injusta, ya que esas acciones no le costaron lo mismo al que las pagó a 100 pesos en 1988 que al que las pagó a 100 pesos en 1958", afirmó. "Por eso, tal vez incluso hubiera sido mejor que no sobrara nada, para evitar esta situación. O se podría haber destinado el dinero para alguna obra social de la zona".
"Lo que es justo"
Aún hoy, cuando ya venció el plazo para registrarse como accionistas, siguen apareciendo ex trabajadores del frigorífico. Llevan en sus manos las acciones que les fueron entregadas a ellos o a sus padres, y preguntan si es cierto que esos papeles amarillentos tienen algún valor.
Algunos, incluso, piden para el boleto, porque no tienen dinero ni para eso. Muchos guardan grandes expectativas sobre el posible valor de esas acciones. Y como no todos tienen claro exactamente cómo es el procedimiento, circulan versiones de todo tipo.
"Hay gente que llega y dice ‘vengo a cobrar’", explicó Mariño. "Incluso un hijo asesinó a su madre adoptiva porque creía que ya había cobrado y quería quedarse con el dinero".
Sucedió el año pasado en el barrio Maracaná. La señora, de apellido O’Neill, era esposa de Dilber Canto, un ex empleado ya fallecido.
Muchos de los accionistas son septuagenarios u octogenarios y otros han muerto sin llegar a ver sus acciones transformadas en dinero. Medina y Mariño recuerdan especialmente a José Almeida, un antiguo compañero que inició el reclamo original y murió en junio.
Si bien saben que muchos de los ex trabajadores del frigorífico necesitan con urgencia el dinero que pueda obtenerse del juicio, para ellos el reclamo tiene mucho de simbólico. "A nosotros –afirmó Medina– se nos dijo que éramos accionistas de una empresa, se nos repartieron acciones que correspondían a dinero que nos debían, y nunca vimos un peso. Estamos reclamando lo que es justo, lo que nos corresponde".

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